Homologación de títulos médicos extranjeros: implicaciones del traspaso de competencias al País Vasco
Introducción
El Gobierno español aprobó el pasado 9 de abril de 2024 tres Reales Decretos que amplían las competencias del País Vasco, entre ellas la homologación de titulaciones extranjeras.
Este traspaso, derivado del acuerdo entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el Gobierno vasco, introduce un cambio de gran calado jurídico y profesional, especialmente para el ámbito sanitario y médico, donde la igualdad en el reconocimiento de títulos es clave para la seguridad del paciente y la cohesión del sistema nacional de salud.
El nuevo marco competencial: qué se transfiere
El Real Decreto 366/2024, de 9 de abril, amplía las funciones y servicios transferidos a la comunidad autónoma del País Vasco en materia de enseñanza superior.
Desde el 1 de julio de 2024, los profesionales residentes en el País Vasco podrán solicitar la homologación y equivalencia de títulos universitarios extranjeros, incluyendo los títulos de Medicina.
Las competencias transferidas abarcan:
La homologación de títulos universitarios extranjeros con títulos oficiales españoles.
La declaración de equivalencia al nivel académico de Grado o Máster universitario.
Hasta ahora, las homologaciones autonómicas solo alcanzaban el nivel de enseñanza secundaria.
El conflicto jurídico: competencia estatal vs. autonómica
La Constitución Española, en su artículo 149.1.30ª, atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales.
Por tanto, este traspaso plantea un conflicto competencial: ¿puede una comunidad autónoma homologar títulos universitarios extranjeros cuando la Carta Magna reserva esa función al Estado?
El Tribunal Constitucional ya ha fijado doctrina en sentencias como la STC 42/1981 y la STC 123/1988, anulando preceptos autonómicos que invadían competencias estatales en materia de títulos académicos por vulnerar el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución.
El valor de un título debe ser idéntico en todo el territorio nacional, sin distinciones por lugar de expedición o homologación.
La normativa estatal vigente sobre homologación médica
Hasta la transferencia al País Vasco, la homologación de títulos médicos extranjeros se regía exclusivamente por normativa estatal:
Real Decreto 459/2010, de 16 de abril: regula el reconocimiento de títulos de especialistas extracomunitarios en Ciencias de la Salud.
Real Decreto 889/2022, de 18 de octubre: establece las condiciones y procedimientos de homologación, equivalencia y convalidación de títulos universitarios extranjeros.
Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario: reafirma que la regulación de la homologación de títulos superiores corresponde al Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades.
Ambos decretos derivan del artículo 149.1.30ª CE, y confirman que la competencia exclusiva sobre la homologación es estatal.
Riesgos de la descentralización: desigualdad y calidad asistencial
Permitir homologaciones autonómicas con criterios distintos puede derivar en una fractura del principio de igualdad profesional.
Podrían darse diferencias entre comunidades en los requisitos, nivel de exigencia o control de calidad aplicados a títulos equivalentes.
En la práctica, esto significaría que un médico homologado en una comunidad podría no cumplir los mismos estándares que otro en otra región, generando inseguridad jurídica y sanitaria.
Además, supondría un riesgo directo para la cohesión del Sistema Nacional de Salud, regulado por la Ley 16/2003, que garantiza la igualdad de condiciones en la asistencia sanitaria en todo el territorio español.
La posición del sector médico
El sector sanitario observa este cambio con preocupación.
La homologación de títulos médicos extranjeros no es solo un trámite administrativo: afecta a la competencia técnica, la calidad asistencial y la confianza del paciente.
Organismos profesionales, colegios médicos y sociedades científicas reclaman que la evaluación siga siendo estatal, garantizando la homogeneidad de criterios y la supervisión del Ministerio de Universidades y del Consejo de Estado, junto con el asesoramiento de la ANECA.
Conclusión
El traspaso al País Vasco de la competencia sobre homologación de títulos universitarios extranjeros abre un debate jurídico y sanitario de primer nivel.
Aunque responde a acuerdos políticos, la constitucionalidad de esta medida es discutible, y su aplicación podría provocar criterios dispares de homologación que afecten a la igualdad profesional y la seguridad sanitaria.
El reto está en mantener la unidad del sistema universitario y sanitario, garantizando que cualquier título homologado en España tenga el mismo valor y las mismas garantías en todo el territorio nacional.